El primer paso en todo fenómeno que atenta contra la vulnerabilidad del ser humano es la sensibilización. Así empieza esta campaña en el Departamento del Atlántico, Colombia, ante el flagelo de la trata de personas y en relación con los mecanismos de prevención y jurídicos que existen para hacerle frente. La Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría del Interior, y la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud - CORSALUD, presentan a la comunidad la campaña "Sellemos un trato contra la trata de personas", el 11 de diciembre a las 10 de la mañana en las instalaciones de Corsalud (Cra 53 No. 59-70) en Barranquilla.
"En la actualidad afrontamos un alarmante incremento de casos de trata de personas a escala global, que lamentablemente son manejados en su gran mayoría como hechos aislados e inconexos, desconociendo las causas reales de este fenómeno y eludiendo la efectiva intervención gubernamental y social necesaria para hacerle frente. La trata de personas constituye en la práctica una perversa modalidad contemporánea de esclavitud, que atenta contra derechos humanos fundamentales", dice el comunicado de prensa.
En el II Congreso Iberoamericano de Autoridades Migratorias realizado en Medellín en noviembre de 2012, se dieron cifras como el número de casos estimados a nivel mundial es aproximadamente 2 millones de personas afectadas y, para el caso concreto de América Latina, se estiman unas 700.000 víctimas. Colombia, según el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según el cual nuestro país es uno de los más afectados en cuanto al origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. De igual manera, la Costa Caribe de nuestro país es, junto a Medellín, identificada como destino de interés para el turismo sexual infantil por parte de extranjeros.
Aunque es considerado un asunto de género, no podemos desconocer que entre sus víctimas se encuentran por igual hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes que son engañados de diversas formas: falsas promesas de empleo, campañas de modelaje, viajes al exterior con fines matrimoniales, entre otros. En su mayoría, estas víctimas terminan inmersas en redes de explotación con fines sexuales, aunque se presentan otros casos no menos aberrantes.
A pesar de la expedición de la Ley 985 de 2005 contra la trata de personas en Colombia, su
desconocimiento afecta la formulación de políticas públicas capaces de identificar, visibilizar y reparar a las víctimas.
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